Protección frente al coronavirus: ¿una empresa puede obligar a sus empleados a vacunarse?

España sigue de cerca la evolución del coronavirus dentro de sus fronteras: la incidencia acumulada se ha disparado hasta los 132 puntos y se han notificado casi 16.000 nuevos contagios. Una situación que replica lo que se está viviendo en otros países de Europa donde están trayendo de vuelta las restricciones: el problema en ellos radica en la tasa de vacunación, inferior a la de nuestro país. Entre las medidas que se están aplicando en diferentes niveles surge una duda: ¿una empresa puede obligar a sus empleados a inocularse?

La ley

La respuesta es rotunda: una compañía no puede imponer a sus trabajadores el antídoto contra el coronavirus. Y la razón la encontramos en los Artículos 15 y 18 de la Constitución Española: estarían limitando sus derechos fundamentales a la integridad e intimidad. El ordenamiento jurídico español no incluye de manera explícita el deber de vacunación por lo que protegerse del COVID-19 con un inoculante es un acto totalmente voluntario.

Derechos fundamentales aparte, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) no impone las vacunas como un tratamiento preventivo obligatorio. A esto hay que añadir que el Artículo 2.3 de la Ley 41/2002 básica que regula la autonomía del paciente cuenta, entre sus principios básicos, el derecho que todo usuario o paciente tiene a negarse a un tratamiento amparado por el principio del consentimiento informado.

Lo que sí pueden hacer

No obstante, las compañías sí pueden recomendar a sus empleados de forma expresa que se vacunen contra el coronavirus. Al mismo tiempo deben insistir en el cumplimiento de todas las medidas adoptadas (distancia de seguridad, uso de la mascarilla…) puesto que entre sus obligaciones figura la de garantizar la salud y la seguridad en todos sus centros de trabajo.

Posibles excepciones

¿Existe alguna excepción? Lo cierto es que sí. Si las Autoridades Sanitarias aprueban una norma en la que se establece la obligatoriedad de vacunación, las empresas sí podrían obligar a los trabajadores a recibir las dosis necesarias.

Algo que también se podría imponer si el Gobierno obligase por ley a vacunarse toda la población o a una parte de ella como ocurrió con la viruela. Un movimiento amparado por la Ley de Bases de Sanidad Nacional de 1944 y la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales para la salud pública.

Otro posible escenario tendría lugar en un Estado de Alarma o de Excepción y Sitio. El Artículo 12 de la Ley Orgánica 4/1981 establece que “la autoridad competente podrá adoptar las medidas establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas”.

Y por último están los tribunales. Si una empresa considera que sus empleados están expuestos o pueden verse más afectados que el resto al contagio del coronavirus, pueden llevar el caso ante la Justicia para que sea esta quien decida, en cada caso, si la vacuna es obligatoria para los trabajadores o no.