Paralizan el polémico tratamiento de ozonoterapia a un paciente con COVID-19

El paciente con COVID-19 ingresado en el Hospital de La Plana, en Vila-real, ha dejado de recibir este miércoles el tratamiento con ozonoterapia que le estaba siendo aplicado por parte de un equipo externo al centro, tal y como acordó recientemente el juez. Este tratamiento médico se aplicó a partir de sendas decisiones judiciales. El paciente continúa en estos momentos ingresado en la UCI del centro hospitalario, según han informado fuentes sanitarias.

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló acordó el levantamiento de la medida cautelar decretada el pasado 13 de agosto y, por tanto, la autorización para el tratamiento con ozonoterapia al paciente con COVID-19 ingresado en la UCI del Hospital de La Plana, ante la petición formulada por la familia del afectado de seguir con la aplicación de esta terapia en un centro de fuera de la Comunitat Valenciana y considerarse por esta parte que no existe riesgo para su salud con el traslado. El juez dio su autorización previamente debido a lascircunstancias graves del paciente al no haber surtido efectos los medicamentos dispensados, intentando salvaguardar la salud de éste y el resto de pacientes.

El magistrado decidió que para “extremar la prudencia” y evitar “eventuales cambios súbitos en el tratamiento médico” y posibilitar que se trasladase al paciente a otro centro, se difería el levantamiento de la medida cautelar hasta las 9.00 horas de este miércoles, 1 de septiembre, momento en debía cesar la autorización a ese tratamiento, tal y como ha ocurrido.

La ozonoterapia es una técnica no autorizada como medicamento por las agencias reguladoras. Esta técnica se emplea como desinfectante pero puedo tener efectos secundarios como irritación por su inhalación, dificultad respiratoria o tos y flebitis si se administra intravenosa. Por ello, múltiples organismos se manifestaron en contra de la imposición judicial generando protestas por parte de los profesionales por poner en riesgo la seguridad del paciente en su estado crítico.

La aplicación de tratamientos no autorizados debe contar con la autorización de la Agencia Española del Medicamento y los productos sanitarios (AEMPS), que en este caso ya se pronunciaron categóricamente en contra. Autoridades sanitarias señalaron que “la clínica de los pacientes debe estar en manos de los profesionales sanitarios y no de otras instancias”.