El pleno para defender la investidura de Puigdemont se celebrará el miércoles

Además, Jordi Sànchez está dispuesto a optar a la investidura tras la resolución del comité de la ONU

por Agencias /


El pleno urgente propuesto por Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP para reivindicar la figura de Carles Puigdemont y defender su "derecho" a ser investido president, así como los "derechos políticos" de los diputados encarcelados o en el "exilio", se celebrará este miércoles desde las 10.00 horas. Así lo han confirmado a Efe fuentes parlamentarias, tras la reunión que la Junta de Portavoces de la cámara catalana ha celebrado en la tarde de este lunes, un día después de la detención de Puigdemont y tras la investidura fallida de Jordi Turull del pasado jueves.

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La Junta de Portavoces del Parlament, presidida por el president del Parlament, Roger Torrent (EFE)

Por su parte, el diputado de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, prevé mantener el escaño de momento y está dispuesto -si se lo requieren- a volver a optar a la investidura como presidente, después de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU instara el viernes a España a garantizar sus derechos políticos. De este modo, su abogado, Jordi Pina, ha asegurado este lunes en rueda de prensa -donde estaba el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa- que de momento mantendrá el escaño, así como que está abierto a volver a optar a la investidura si lo considera oportuno el presidente del Parlament, Roger Torrent.

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Además, la defensa ha enviado este lunes un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa por rebelión contra Sànchez, en el que le comunica las medidas cautelares que ha dictado el comité de la ONU para garantizar los derechos de Sànchez, y le han pedido que, si vuelve a ser candidato, le ponga en libertad para que pueda acudir a la investidura. Concretamente, en el escrito, recogido por Europa Press, el letrado solicita al instructor que, en base a la resolución del Comité de derechos humanos, "proceda, a la mayor brevedad, al pleno restablecimiento de los derechos políticos" de Sànchez, incluido su derecho a acceder a la Presidencia de la Generalitat.

En este sentido, propone en primera instancia que le deje en libertad provisional, o bien que se le permita acudir al pleno de investidura en caso de ser propuesto o poder participar por videoconferencia. "Esta defensa está absolutamente convencida de que el magistrado no propiciará que España incumpla sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos y políticos, lo que sería especialmente grave y preocupante tratándose de una decisión del Tribunal Supremo", argumenta.

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS 

El abogado especialista en derechos humanos y profesor del Graduate Institute de Ginebra, Nico Kirsch, ha explicado que el Comité de Derechos Humanos vela por el cumplimiento del Pacto internacional de derechos civiles y políticos suscrito por 170 países, incluido España. De esta forma, según Kirsch, en base al Protocolo facultativo adicional al Pacto -suscrito por España en 1985-, el Comité puede recibir quejas de ciudadanos que vean violentados sus derechos en los países que han ratificado dicho protocolo y dictar medidas que son de obligado cumplimiento.

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En este caso, el Comité admitió a trámite la queja de la defensa de Sànchez y, antes de entrar en el fondo de la cuestión, ha dictado medidas cautelares pidiendo al Estado que garantice sus derechos políticos: "Es muy raro que se acuerden estas medidas en casos de derechos políticos y, aún más, que se haga en relación a un país de Europa Occidental". "Refleja la preocupación del Comité por los derechos humanos y, concretamente, políticos en España conforme al tema catalán", según Kirsh, que ha asegurado que, si un Estado no cumple, es una violación directa del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.

De esta forma, Para Kirsch, si España no cumple y no permite a Sànchez ejercer sus derechos políticos "estará violando el pacto internacional", aunque ha puntualizado que no hay sanciones económicas ni tampoco un plazo concreto para cumplir, por lo que la afectación es a su reputación internacional. Para este experto, hay un efecto "simbólico" en la decisión del Comité que puede afectar a la imagen internacional de España al adoptarse una medida cautelar, cuando no suelen adoptarse para países del entorno europeo.