Rebajas sí, pero no en las tiendas: el Gobierno las prohíbe para evitar aglomeraciones

Los buscadores de gangas lo tendrán más difícil que nunca. El Gobierno ha prohibido las rebajas y acciones comerciales en los comercios físicos que puedan abrir a partir de la fase 1 de la desescalada para evitar las aglomeraciones de público en las tiendas.

De esta forma, “los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones”. El Ejecutivo considera que esta restricción “no afectará a las ventas en rebajas ni tampoco ventas en oferta o promoción que se realicen a través de la página web” de cada comercio.

“Más incertidumbre” para el comercio

La Asociación Nacional de Grandes Superficies (Anged), que engloba a empresas como El Corte Inglés, Media Markt o Ikea, entre otras, ha señalado que esta medida va a generar “más incertidumbre” en el sector, según informaron a Europa Press fuentes de la patronal.

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Desde Anged reiteran que la prioridad de la gran distribución es garantizar la “seguridad” de las tiendas y el “poder abrir”, ya que recuerdan que la apertura de los comercios en España va más lenta que en el resto de Europa, ya que en Francia ya han empezado a abrir todos las tiendas y en Italia está previsto para el 18 de mayo.

La patronal asegura que no ponen la “más mínima objeción” a las medidas de prevención e higiene en los establecimientos propuestos por el Ministerio de Sanidad para “garantizar una compra segura”, aunque consideran que todas las tiendas que puedan cumplir con estos requisitos deben poder abrir en la Fase 1.

Anged ha recordado al Gobierno que mantener la apertura de sus establecimientos hasta el 25 de mayo pone en riesgo 5.000 empleos, ya que las ventas en algunas categorías comerciales pueden caer entre un 25% y un 50% este año. A excepción de las de alimentación, el resto de las empresas asociadas a la patronal lleva ya dos meses con las tiendas cerradas por el estado de alarma, con cerca de 100.000 empleados en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y unos problemas operativos y de liquidez “muy severos”.