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Una sociedad sin residuos: adiós a los plásticos de un solo uso, agua gratis en los bares y multas de hasta 2 millones

España ya tiene un anteproyecto que incorpora la normativa de la Unión Europea para erradicar la generación de este tipo de desechos

2 Minutos de lectura
Empty plastic bottle lying on stony beach at seaside

Las multas podrán ser de hasta 2 millones de euros

© GettyImages

Los miles y miles de plásticos que están contaminando el planeta han llevado a las autoridades a poner en marcha una serie de leyes para frenar esta generación de residuos. Uno de estos casos es el de la Unión Europea: los países miembro deben incorporar estas normas a su legislación y España ya se ha puesto manos a la obra con un anteproyecto que, si todo va bien, será una realidad en el primer semestre de 2021.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado forma a una ley de residuos y suelos contaminados que aplica lo dictado por la UE y tiene varias vías de acción. Entre ellas destaca la prohibición de la venta de diversos productos de uso único a partir del 3 de julio de 2021: desde ese momento no encontraremos bastoncillos de algodón, cubiertos, platos, pajitas y agitadores de bebidas, palitos para sujetar globos y recipientes para alimentos y bebidas hechos de poliestireno expandido, incluyendo tapas y tapones. Además, se prohibirán los cosméticos y detergentes que contengan microplásticos añadidos de forma intencionada.

Plastic packaging
La ley será real en el primer semestre de 2021©GettyImages

Botellas de plástico y agua gratis

Con el objetivo de disminuir estos productos, se pretende actuar en dos frentes. El primero de ellos atañe a las Administraciones que tendrán que instalar fuentes de agua potable en todas sus dependencias. El segundo hace referencia a bares y restaurantes: estarán obligados a ofrecer la posibilidad de consumir agua no envasada gratis sin perjuicio de que puedan vender embotellada.

Retorno de envases

El anteproyecto plantea la posibilidad de implantar estos sistemas que ya están presentes en otros países de Europa: máquinas que devuelven unos céntimos al consumidor por cada envase. Aún no se ha decidido si se impondrá o si lo dejarán a elección de los productores y grandes superficies.

Young Woman Recycling Bottles At The Supermarket
Se plantea la necesidad de recuperar los envases como hace Europa©GettyImages

Excedentes

La futura ley prohibirá destruir los excedentes no vendidos de aquellos productos no perecederos como textiles, juguetes y aparatos eléctricos. A partir de 2025, además, tendrá que haber un sistema de recogida separada de la ropa usada. La norma también aborda el desperdicio alimentario con medidas para reducir estos residuos estableciendo criterios para que algunos desechos pueden utilizarse de nuevo.

Residuos urbanos

Teniendo en cuenta que en España sólo se recicla el 46% de los residuos urbanos, el anteproyecto se ha propuesto aumentar ese porcentaje estableciendo un sistema de recogida por separado y un calendario. En 2025 el 55% de los residuos municipales generados deberán reciclarse o reutilizarse. Cinco años después, en 2030, tendrá que ser el 60% y en 2035 habrá que llegar hasta el 65%.

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Tendremos que pagar por los envases de la comida a domicilio©GettyImages

Comida para llevar

Otra de las restricciones tiene en el foco a los envases de plástico y recipientes de un solo uso que se emplean para llevar comida a domicilio. A partir de 2023 ya no serán gratis y el precio de cada elemento tendrá que figurar en el ticket. Además, los tendrán que eliminar poco a poco hasta llegar a una reducción del 70% en 2030 respecto a los niveles de 2022.

Las multas

La futura ley de residuos obligará ser claros y trasparentes con la información y, por ejemplo, los productores tendrán que declarar cuántos envases ponen en el mercado para saber a ciencia cierta lo que se recupera. Al mismo tiempo, ha puesto al día las sanciones que castigan el abandono de residuos en el medio natural y la entrada en España de desperdicios peligrosos. Las multas oscilarán entre los 50.001 y los 2 millones de euros dependiendo de la gravedad de los hechos.